Treinta y cinco años del Golpe militar que derrocó al gobierno peronista en 1976. Es un aniversario para recordar una vez más a los desaparecidos, a los asesinados, a los torturados y exiliados. También para señalar que la dictadura militar tuvo un plan para exterminar a la oposición que no sólo consistió en persecución y muerte, sino en la ejecución de una estrategia para el vaciamiento económico y cultural de la sociedad.Una de las tantas atrocidades que cometieron los militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros que no comenzó en la Argentina del ’76 pero que en el marco de esa política represiva fue para el Proceso una práctica “purificadora” del ser nacional. También hubo otros fuegos que encendieron quienes temían una represalia por tener una biblioteca que los inquisidores podían calificar como “subversiva”. Otro recurso fue tirar libros en inodoros y pozos ciegos o el enterramiento como destino de la literatura y la prensa que podía servir como pretexto para un operativo.
Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores de los setenta se enteraron que aún estaban escondidas aquellas bolsas con los ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte.
En 2002 la publicación de Un golpe a los libros, de Hernán Invernizzi y Judith Gociol mostró la trama del aparato represivo en la cultura. Para recrear el clima de aquellos años recurrimos a esa investigación y al testimonio de los protagonistas de la época. Invernizzi asegura que la dictadura militar tuvo un plan concreto y aclara que “no significa que se trataba sólo de un plan de destrucción. Era un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación
Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores de los setenta se enteraron que aún estaban escondidas aquellas bolsas con los ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte.
En 2002 la publicación de Un golpe a los libros, de Hernán Invernizzi y Judith Gociol mostró la trama del aparato represivo en la cultura. Para recrear el clima de aquellos años recurrimos a esa investigación y al testimonio de los protagonistas de la época. Invernizzi asegura que la dictadura militar tuvo un plan concreto y aclara que “no significa que se trataba sólo de un plan de destrucción. Era un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación
Eudeba
La cultura fue un lugar donde la derecha peleó cada lugar de poder. Un ejemplo es el caso de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeba. El 25 de mayo de 1973 fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires Rodolfo Puiggrós, quien nombró presidente del Directorio al escritor Arturo Jauretche y director ejecutivo al periodista Rogelio García Lupo. El autor de El medio pelo en la sociedad argentina falleció el 25 de mayo de 1974.
García Lupo renunció cuatro meses después. Reconoce que “sabíamos que íbamos a tener muchos problemas. Pensábamos en discusiones por los proyectos editoriales pero no en agresiones físicas. El proyecto de fondo consistía en la edición de las obras completas de tres intelectuales argentinos: Leopoldo Lugones, que era una figura que les servía a todos: a los anarquistas, a los fascistas y a los nacionalistas; Carlos Astrada, un filósofo marxista y Manuel Ugarte, quien era muy representativo de la intelectualidad procedente del socialismo que había desembocado en el primer gobierno de Perón. Tuvimos amenazas cuando anunciamos el plan editorial y al tiempo decidimos irnos porque la presión era insoportable. Pero ocurrió una cosa insólita. Teníamos la idea de hacer la revisión de la obra de Lugones de manera cronológica. Empezar por el Lugones anarquista y seguir con el socialista. Un día me llamó el abogado Valentín Thiebaut, director ejecutivo del nuevo Directorio -ya con Alberto Ottalagano como interventor de la UBA-, y me dice: ‘tengo un problema. No puedo cumplir con el contrato de Lugones si empezamos por la etapa izquierdista... ¿No podemos arrancar por la fascista..?’”
En julio de 1974 un grupo comando entró al taller gráfico donde Eudeba imprimía parte de sus libros al grito de “¿Dónde está El marxismo de Lefebvre?” Antes que el imprentero Polosecki pudiera dar una respuesta prendieron fuego un sector pero en el apuro los asaltantes se equivocaron de libro.
En julio de 1976 fue designado director ejecutivo de Eudeba el político socialista Luis Pan, quien le entregó al Comando del Iº Cuerpo de Ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Xifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi noventa mil volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo vio cuando los soldados cargaban los camiones con los ejemplares de su gestión. “Pan fue quien llamó al Ejército y puso en sus manos toda esa ‘literatura pecaminosa’. El temía que alguien dijera ‘¡pero este Pan también es socialista..!’ Con esa operación compró protección, fue como una prueba de amor”.
El fuego purificador y la autocensura
La práctica piromaníaca del Proceso tiene ejemplos como los siguientes, ambos de 1976. En Córdoba el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, sacó de la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros. En la misma provincia, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri (luego ascendido a general por el gobierno de Raúl Alfonsín), exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada por libros de León Trotsky, Mao Tse-Tung, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América Latina (CEAL) que robó de las bibliotecas y librerías.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, La Vigil, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortíz.
El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna. El caso de Enrique Medina es paradigmático: “El golpe de Estado de 1976 confirmó la prohibición de los libros ya censurados del autor y lo extendió a cuanto texto suyo aparecía. Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes”, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior. También le decomisaron Olimpo, de Blas Matamorro, por un decreto del PEN. Ante el reclamo de Pampín, el capitán de navío Carlos Carpintero le respondió: “de los libros, olvidate”. Ya en 1978 las autoridades retuvieron en la aduana Evita, una biografía de Marysa Navarro que más tarde pudo ingresar al país por la intervención de Dardo Cúneo, por entonces presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
Hubo editores que decidieron destruir los materiales que eran prohibidos. Es el caso de Granica: “varios de los libros de sello fueron prohibidos. Entre ellos La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez que fue uno de los primeros títulos de los que la propia editorial decidió deshacerse. Esa es la cara más perversa del terror: ya no los libros que el régimen quemaba sino los que se eliminaban por propia decisión”, describen los autores de Un Golpe a los libros. De la imprenta a la fábrica de papel sin pasar por librerías fueron por lo menos diez títulos, no menos de 20.000 volúmenes, entre ellos Correspondencia Perón-Cooke.
La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio “por publicación y venta de material subversivo”. El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí.
Testigos de la quema fueron la profesora Amanda Toubes, directora de la colección La enciclopedia del mundo joven y Ricardo Figueira, director de colecciones del CEAL y autor de las fotografías de aquel 26 de junio de 1978. En 2005 ambos recordaron el clima de aquellos años para un artículo que Aníbal Ford escribió en la revista Lezama: Toubes decía que ”’en ese momento nuestra mente estaba todavía en el asesinato de Daniel Luaces, en su escritorio vacío. Tantos otros llantos, tantas cosas de las que nos íbamos enterando día a día... que tal vez lo vivimos sólo con una gran tristeza pero también como parte de nuestra cotidianeidad’.
Algo de esto retoma Ricardo Figueira, que casi minimiza el hecho. ‘Lo que era vivir cotidianamente, día a día, con el culo a cuatro manos y dando varias vueltas a la casa antes de entrar’”. Para Ford “esa hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco, en la transmisión y en la construcción cultural que todavía no ha sido reparado”.
Otro de los editores perseguidos fue Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, quien junto a su mujer Kuki Miler fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante 127 días y luego partió al exilio. Primero fue la censura del libro infantil Cinco dedos. Ya en la cárcel de Caseros, se enteró de la prohibición de Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Divinsky rememora que trabajar en esa época “era como caminar por la cuerda floja. La prohibición a de la Flor pretendió ser, de alguna manera, una medida ejemplificadora porque se trataba de una editorial independiente. Cuando pasó todo y volvimos del exilio cada día que llegaba a la oficina daba una vuelta a la manzana para ver si había algún patrullero.”
Desde finales de los sesenta Siglo XXI fue una de las editoriales más influyentes en el pensamiento latinoamericano. Con casas en España y México, la sede de Buenos Aires tenía una enorme influencia. Editaba Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y todos los libros del pedagogo Paulo Freire, entre otros. El 2 de abril de 1976 un grupo de tareas allanó las oficinas de Perú 952 y secuestró al jefe de correctores Jorge Tula y al gerente de ventas Alberto Díaz. La empresa fue clausurada y luego abrió hasta que la casa matriz decidió levantar la sede porteña. Pasaron treinta años y hoy Alberto Díaz es director editorial del Grupo Planeta.
“Era muy jodido y triste trabajar en ese ambiente en el que desaparecían correctores, traductores y amigos. Otros se exiliaban o se iban al Interior, o eran detenidos. Pero seguíamos trabajando. ¿Por qué? Es algo inexplicable porque el golpe se veía venir pero estabas como anestesiado. Yo estuve desaparecido un mes y pico. Cuando me largan ya me habían cesanteado de la Universidad y volví a Siglo XXI. Me tenía que ganar la vida y no se me ocurría irme. Después de un segundo aviso partí rumbo a Colombia el 24 de agosto del 76.
-¿Qué le produce este recuerdo?
-Es como si estuviera contando un libro de historia. Ya no recuerdo cómo era mi rostro, pero sí de la cara del poeta Miguel Angel Bustos. Lo tengo congelado con un rostro joven. Ya no me acompañan las imágenes de la detención porque sabes que muchos de los detenidos nunca volvieron, entonces tenes una especie de culpa del sobreviviente.
Ceremonias privadas
También hubo otras quemas de libros que hicieron las víctimas de la represión. No era necesario ser militante ni pertenecer a una organización política. El hecho de tener libros considerados “subversivos” o “inmorales” era peligroso. “La destrucción, el ocultamiento y el enterramiento de libros desde 1974 hizo que las bibliotecas se vayan despoblando. Otro fenómeno que desapareció fue la lectura en los medios públicos de transporte porque el libro te hacía caer bajo sospecha” reflexiona Díaz, quien incineró algunos libros del Che como Guerra de Guerrillas, periódicos del PRT La Verdad y revistas como Crisis y Militancia.
La escritora Ana María Shua regresa a los días de marzo del 76: “Mi marido y yo no militábamos, pero éramos de izquierda y muchos de nuestros amigos y conocidos desaparecían o se escapaban del país o pasaban a la clandestinidad. Sabíamos que había libros ‘peligrosos’: todo lo que tuviera marxismo o la idea de la revolución social. ¿Por dónde empezar? Empezamos por uno de Vo Nguyen Giap, sobre la Guerra de Vietnam. El intento, en la pileta de la cocina, fue un triste fracaso. No es tan fácil quemar un libro en un departamento de tres ambientes. Decidimos que si entraba un grupo de tareas, daba lo mismo que hubiera este libro o aquel: lo peligroso, lo que nos denunciaba como enemigos era tener una biblioteca. Y abandonamos la idea de quemar libros. Alicia Dujovne Ortíz en su libro Las perlas rojas recuerda las fogatas que se encendían en esa época en las azoteas, en los patiecitos. Teníamos miedo, mucho miedo.
Marcelo Massarino-Revista Sudestada
